El reconocimiento del grado de discapacidad ofrece la posibilidad de acceder a determinados servicios, prestaciones y beneficios. El acceso está vinculado al grado reconocido (mínimo 33%), así como a otros requisitos que habrán de consultarse para cada medida concreta (edad, determinación de un límite de ingresos económicos, etc.).

La intención de este documento es facilitar la información relacionada con los servicios, prestaciones y beneficios a los que tienen derecho las personas con discapacidad. Algunas de las medidas contenidas en el documento no van dirigidas específicamente a personas con discapacidad, sino que suponen la ampliación de algún requisito de acceso o condición de la misma.

La información de este documento es orientativa, no tiene validez jurídica, siendo necesaria la comprobación de los requisitos, plazos y vigencia de los servicios, prestaciones o beneficios, por parte de las personas interesadas ante el organismo que los/as ofrece. Es importante informarse sobre el resto de requisitos requeridos, además del grado de discapacidad, para valorar de forma adecuada la posibilidad de acceso a la medida, en cada caso particular. Las medidas que se relacionan pueden variar en función de cada ejercicio presupuestario, o sufrir variaciones de diversa índole, tras la publicación del presente documento.

El documento se estructura en 6 tablas, que recogen las diferentes medidas según el grado de discapacidad requerido u otras circunstancias:

1. Personas con grado de discapacidad ≥ al 33 %
2. Personas con grado de discapacidad entre 45 %y 64 %
3. Personas con grado de discapacidad ≥ 65 %
4. Personas con grado de discapacidad física o sensorial ≥ al 65 %, o discapacidad psíquica ≥ al 33%
5. Personas con movilidad reducida
6. Personas con familiares con discapacidad a su cargo

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El Bono Social de Electricidad es un mecanismo regulado por el Gobierno que busca proteger a consumidores vulnerables con menores posibilidades económicas.

Los criterios actuales para ser beneficiario del Bono Social de Electricidad se recogen en el Real Decreto 897/2017, de 8 de octubre de 2017 y en el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre de 2018.

Las personas con 33% de discapacidad o más (todas las personas implantadas cocleares lo son) pueden ser especialmente susceptibles de ser receptoras.

El bono tiene una validez de dos años. Siendo renovable, para renovarlo se aportará la misma documentación que para su petición primera, excepto en el caso de las familias numerosas, para quienes será válido hasta que caduque este título.

Dependiendo de la renta del consumidor del año anterior, se le aplicara 25%, 40% y hasta el 100% de descuento en la factura de electricidad. Se tendrá en consideración si el demandante es pensionista, si está en paro, si tiene discapacidad o es familia numerosa o monoparental y su situación de vulnerabilidad delante de la crisis del COVID-19.

Es una prestación económica de pago único a tanto alzado que tiene por objeto compensar, en parte, el aumento de gastos que produce el nacimiento o adopción de hijo en familias numerosas, monoparentales o cuando la madre padezca una discapacidad igual o superior al 65 por ciento en el momento del parto.

Los hijos nacidos o adoptados a partir de 16-11-2007, en una familia numerosa, monoparental o cuando la madre se encuentre discapacitada en grado igual o superior al 65 por ciento, siempre que el nacimiento se haya producido en territorio español o que la adopción se haya constituido o reconocido por autoridad española competente.

Beneficiarios:

Los progenitores o adoptantes por el nacimiento o adopción de un hijo en supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres con discapacidad igual o superior al 65 por ciento, que cumplan los requisitos establecidos.

Cuando los niños queden huérfanos de ambos progenitores o adoptantes o estén abandonados, será beneficiaria la persona que legalmente se haga cargo de ellos.

Requisitos:

-        Residir legalmente en territorio español.

-        No percibir ingresos anuales, de cualquier naturaleza, superiores a los límites establecidos.

-        No tener derecho a prestaciones de esta misma naturaleza en cualquier otro régimen público de protección social.

Documentación:

Se aportarán los documentos necesarios para la acreditación de la identidad y de las circunstancias determinantes del derecho.

No se exigirá al solicitante la acreditación de hechos, datos o circunstancias que la Administración de la Seguridad Social deba conocer por sí misma.

¿Dónde tramitarlo?

La solicitud y documentación necesaria deberá presentarse en cualquiera de los Centros de atención e información de la Seguridad Social.

El Estado, por medio de la Seguridad Social cuya gestión está transferida a la Comunidad Valenciana, asegura a todos los ciudadanos en situación de jubilación o invalidez y en estado de necesidad, una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva.